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Inicia proceso legal contra suspensión de Acuerdo tomatero

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El 16 de mayo, el Instituto de Comercio Internacional de los Estados Unidos tuvo una audiencia con la industria mexicana del tomate en Nueva York para recibir la documentación legal que contradice las causas del retiro el 7 de mayo del Acuerdo de Suspensión de Tomate.

Los tomateros mexicanos han solicitado a este tribunal un requerimiento judicial para impedir que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos siga adelante con la terminación del acuerdo. También están trabajando legalmente para evitar el pago de los aranceles. La base de esta demanda consiste en que el retiro del Departamento de Comercio fue ilegal, según Shearman & Sterling, la firma de abogados con sede en Washington, D.C ., que representa a los productores mexicanos.

El Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos tiene jurisdicción nacional sobre las acciones civiles que surjan de las leyes de aduanas y comercio internacional.

Un comunicado de prensa de Shearman & Sterling publicado el 13 de mayo indica que “las propuestas de la Florida Tomato Exchange durante más de un año han sido ilegales, por lo que los productores mexicanos rechazaron la última propuesta del Departamento de Comercio el viernes 10 de mayo”.

“Esa propuesta habría despojado a los supermercados estadounidenses y otros compradores de tomates mexicanos de sus derechos legales para rechazar los tomates con defectos de calidad y recibir un reembolso por sus costos”.

En un proceso paralelo, el 15 de mayo, la Asociación de Productos Frescos de las Américas, con sede en Nogales, instaba al Departamento de Comercio a que continúe trabajando con los productores mexicanos de tomates frescos para crear un Acuerdo de Suspensión de Tomate actualizado de mutuo beneficio. “La FPAA reconoce la difícil tarea de equilibrar un acuerdo de mutuo beneficio pero que no impida que ningún supermercado pueda comprar tomates mexicanos”.

Según Shearson & Sterling, los productores mexicanos han tomado varias medidas clave para proteger sus derechos legales. “Los productores mexicanos acortaron el período en que estarán sujetos al pago de aranceles en efectivo a 60 días. Si la investigación continúa, el Departamento de Comercio ahora debe concluir su determinación de dumping el 21 de julio, y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos debe concluir su determinación de daño el 4 de septiembre.

El derecho a un llamado “examen por extinción”, en el que se revisa la necesidad de una protección continua cada cinco años, se exige en virtud de la ley de los Estados Unidos y los compromisos de los Estados Unidos en virtud del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.

Rosario Beltrán, presidente de CAADES, indicó: “Preferiríamos continuar con la estabilidad que el acuerdo de suspensión ha brindado al mercado estadounidense del tomate durante los últimos 22 años. Pero necesitamos un trato justo y uno que no nos obligue a firmar contratos que despojen a nuestros clientes estadounidenses de sus derechos legales. Ya hemos acordad elevar los precios de referencia pero eso no ha sido suficiente. “.

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