La crisis hídrica en San Quintín, Baja California

La extracción excesiva de aguas subterráneas en el valle de San Quintín, México, pone en riesgo la viabilidad a largo plazo de la producción y exportación de tomates y berries hacia Estados Unidos. La sobreexplotación de los acuíferos de agua dulce cercanos a la costa ha provocado la intrusión de agua salina, lo que reduce la calidad del agua destinada tanto a la agricultura como al uso doméstico.

Según estudios técnicos publicados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2024, los cuatro acuíferos del valle —San Simón, San Quintín, Camalú y Vicente Guerrero— sufren una sobreexplotación de 68,5 millones de metros cúbicos de agua al año. Los niveles de sólidos disueltos totales en el agua subterránea oscilan entre 1.540 y 11.000 partes por millón (ppm), superando el límite de 1.000 ppm establecido por la norma mexicana para el agua potable.

San Quintín, situado en una zona árida de Baja California, carece de fuentes superficiales de agua dulce y depende de las aguas subterráneas. El río Colorado constituye la única fuente alternativa, pero se encuentra a 269 kilómetros de distancia y su disponibilidad a largo plazo es incierta.

La infraestructura hídrica limitada también afecta al abastecimiento doméstico. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) suministra agua potable de forma intermitente a través de la red de distribución al 56 % de la población, mientras que el resto depende del suministro mediante camiones cisterna. Este servicio intermitente incrementa además el riesgo de contaminación debido a flujos inversos en las tuberías, fugas y el almacenamiento de agua en los hogares.

Un proyecto para construir una planta desalinizadora pública permitiría abastecer de agua potable a más de 110.000 residentes y reduciría la dependencia de las aguas subterráneas y del suministro por camiones. La iniciativa requeriría una nueva red de distribución, dado que el agua de los acuíferos existentes no es apta para el consumo doméstico.

No obstante, persisten diversos obstáculos. La red eléctrica regional carece de la capacidad suficiente para operar una planta desalinizadora a gran escala, por lo que serían necesarias mejoras en la infraestructura antes de que la instalación pudiera entrar en funcionamiento. Asimismo, la eliminación de la salmuera requeriría una gestión adecuada para mitigar los impactos en los ecosistemas marinos y la actividad pesquera. Por otra parte, la desalinización conlleva elevados costos operativos y exigiría apoyo gubernamental a largo plazo para mantener tarifas asequibles. El proyecto también ha sufrido retrasos relacionados con la financiación, la renegociación de contratos y cambios en el ámbito político.