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Jornaleros exponen prácticas laborales en el Valle de San Quintín en BC

Piden mejores condiciones de trabajo.

Bloqueos en la carretera Transpeninsular, saqueo de negocios, toma de delegaciones, agresiones hacia automovilistas y autoridades, más de 200 detenidos y varios heridos, culminando con enfrentamientos por el control del Centro de Gobierno en San Quintín, es el saldo de lasprotestas encabezadas por jornaleros, en demanda de mejores condiciones laborales en los campos agrícolas.

Los inconformes denuncian irregularidades cometidas por múltiples empresas agrícolas, entre las que se encuentran rancho Los Pinos, agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex, San Simón y Driscolls, y demandan la renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien no se ha presentado para dialogar y sólo ha hecho uso de la fuerza pública para controlar a los inconformes.

Los jornaleros manifestaron que sufren de largas jornadas de trabajo, sueldos mínimos, maltrato por parte de mayordomos, horas extras sin pagar y despidos injustificados, además de la poca intervención de las autoridades.

Además, han señalado que al momento de incapacitarse por problemas de salud o accidentes de trabajo, reciben únicamente 200 pesos de incapacidad por una semana, debiendo cubrir los gastos médicos por su cuenta.

Asimismo, indicaron que en el hospital IMSS 69 y en los centros de salud existe déficit de medicamentos, además de sobresaturación de pacientes, por lo cual deben esperar más de tres horas para recibir consultas y pagar los medicamentos en farmacias privadas.

“Recibimos poco más de cien pesos diarios, lo cual no es suficiente para mantener a una familia, ni siquiera laborando en los campos durante toda la semana. Demandamos apoyo y respuestas por parte de las autoridades”, mencionó uno de los líderes.

Ante ello, demandan la revocación del contrato colectivo de trabajo por violaciones a derechos laborales y humanos. Piden respetar los derechos de antigüedad, la afiliación inmediata al IMSS y prestaciones de acuerdo a la ley.

El pliego petitorio incluye permisos para padres de 5 días con derecho a salario, descanso los días festivos y domingos, pagos de doble salario por horas extra de trabajo, y no más tolerancia al acoso sexual de mayordomos de cuadrilla, o mayordomos generales o ingenieros encargados de los ranchos. Asimismo, piden no represalias en contra de los trabajadores que están participando directa o indirectamente en las manifestaciones. Salario de 300 pesos por día. Pago de 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año de 2001 se paga a 10 y 12 pesos la caja. Que se pague a 17 pesos la jarra de mora y las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos.

Por otra parte, los agricultores asociados de Baja California aseguran que pagan los mayores salarios del país a los jornaleros. Esta es la razón que miles de trabajadores de Oaxaca, Michoacán y otros estados del sur del país sigan regresando.

“En Oaxaca se pagan menos de $70 pesos el día de trabajo o $2,100 pesos al mes, que es el mínimo. En San Quintín pagamos un promedio de $130 pesos por día, casi el doble del salario mínimo, pagando un promedio de entre 3 mil a 4 mil pesos netos al mes. Asimismo, es verdad que muchos jornaleros no están inscritos en el seguro social pero de Oaxaca y no aquí en San Quintín, dónde están sindicalizados e inscritos en el IMSS, además de contar con las prestaciones de ley correspondientes”, señaló Héctor Luján,  director general de Berrymex, la mayor empresa de producción en San Quintín.

Recuento de los hechos

Más de 100 unidades de la Policía Ministerial, elementos del ejército mexicano, y unas 40 unidades de la Policía Estatal Preventiva (PEP), entre otros, trataron de controlar la revuelta en Sur del municipio. El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, había anunciado la presencia de al menos 40 unidades de distintas corporaciones, en diversos convoyes que se dejaron ver por la ciudad, para reforzar la vigilancia en la zona.

Según el medio local “El Mexicano”, el clima de violencia e inseguridad obligó a los residentes de los distintos poblados a permanecer en sus casas. Las clases fueron suspendidas, los negocios cerraron sus puertas, al igual que centros de salud y hospitales. Todas las actividades se suspendieron.

Miles de jornaleros agrícolas detuvieron el tráfico en distintos puntos de la carretera Transpeninsular desde Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín, para denunciar irregularidades por parte de múltiples empresas agrícolas y solicitar derechos laborales.

Los bloqueos iniciaron desde la madrugada del martes 5 de mayo, desde San Quintín hasta Colonet, siendo coordinados por integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

En el caso de San Quintín, instalaron barricadas con piedras, bloques y llantas quemadas, en los ejidos El Papalote, Sánchez Díaz, Nueva Era, Lázaro Cárdenas, Nuevo Mexicali, puente New York y el vado de la entrada.

Al medio día arribaron al Centro de Gobierno del Estado de San Quintín el subsecretario general de Gobierno en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, el secretario General del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, el director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villareal, y el director de Protección Civil, Arturo Granados González, entre otros funcionarios.

En una reunión a puerta cerrada analizaron la situación, así como las consecuencias de la movilización y escuchando los avances por parte de las autoridades de San Quintín, en especial de la subprocuraduría del Trabajo y Previsión Social y General de Gobierno.

Al enterarse de la presencia de los funcionarios, cientos de jornaleros solicitaron a gritos su intervención, rodeando la parte sur del Centro de Gobierno, molestos por la presencia de agentes armados.

López Núñez intentó dialogar con los manifestantes, aunque por los gritos no lograban escuchar las peticiones. Algunos líderes presentes divulgaron las declaraciones y acordaron esperar de nuevo en el puente New York.

Grupos de inconformes dialogaban con las autoridades estatales en la explanada del Centro de Gobierno, amenazaban con quemar el edificio. En ese momento, alguien arrojó una piedra a Pablo Alejo López Núñez, la cual lo hirió en el rostro.

Luego de la agresión, la Policía Estatal empezó a movilizarse en los alrededores, arremetiendo en contra de los agresores, disparando balas de goma, siendo apoyados con el tanque antimotines y personal con escudos. Tanto agresores como curiosos corrieron del centro para huir entre las calles cercanas, siendo perseguidos por los estatales.

Ante la huida de los manifestantes, los agentes se instalaron en el puente New York, recuperando la vialidad.

Tras el enfrentamiento, de manera extraoficial se supo que dos policías municipales y un agente ministerial resultaron lesionados con piedras mientras intentaban levantar el bloqueo en el área del Centro de Gobierno.

Punta Colonet y Camalú

En Punta Colonet también hubo bloqueo de la carretera, mientras en Camalú arribaron unas 150 personas al Ejido Díaz Ordaz para cerrar el acceso al puente, lo que provocó largas filas de automovilistas y comerciantes.

Los inconformes instalaron bloqueos entre el kilómetro 155 y 158, siendo alrededor de 400 manifestantes en la salida del poblado, y se registraron enfrentamientos con algunos comerciantes.

Además, los manifestantes tomaron las instalaciones de la delegación en  Camalú.

Después de los actos delictivos, residentes de Camalú se unieron para detener a los individuos culpables de los disturbios, reabriendo las puertas de la delegación municipal.

El delegado de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros, informó que la ciudadanía tomó acciones para detener la violencia, logrando ubicar a los culpables para detenerlos e internarlos en las celdas preventivas.

Esta acción ocurrió poco antes de la llegada de la PEP, siendo motivados por la ciudadanía para continuar con su trayectoria hacia la zona sur de Vicente Guerrero y San Quintín.

Habitantes de la zona refirieron la muerte del propietario del mercado “El Reloj”, quien al parecer sufrió un infarto al ver que el establecimiento fue saqueado e incendiado.

Hubo un total de 30 detenidos por los disturbios y daños generados. Además de que se remolcó un vehículo en el que se transportaba la mercancía saqueada. De los detenidos por los saqueos, cuatro fueron asegurados en un camino vecinal de la colonia Tierra Blanca, identificados como José Angel Pacheco, Mario Díaz Ibáñez, Giovani Barba Rodríguez y Abraham Soto Sepúlveda, a quienes se les encontró la mercancía.

Vicente Guerrero

En la delegación Vicente Guerrero, reportaron múltiples hechos delictivos, contabilizando alrededor de mil personas manifestándose. En esta localidad, la manifestación “pacífica” se salió de control, ya que saquearon comercios y gasolineras.

Varios jóvenes tomaron las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal, ocasionando daños a la estructura y amenazando con agredir a los agentes, quienes se retiraron para esperar indicaciones.

El comandante de la localidad, Jorge Argoud Martínez, explicó que momentos atrás vieron a cientos de individuos que se aproximaban a la estación, por lo cual procedieron a retirar las armas e irse a bordo de las unidades.

San Quintín, es una localidad perteneciente al municipio de Ensenada. Se trata de uno de los campos agrícolas más grandes de México y que trae año con año a indígenas originarios de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y otros estados.

Piden renuncia de gobernador de Baja California

Los jornaleros agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, exigieron la renuncia del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, por el operativo contra familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, agredidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron de manera violenta en sus hogares el sábado 9 de mayo.

Los voceros de la Alianza Fidel Sánchez Gabriel, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, solicitaron al Senado la renuncia del mandatario panista por los actos represivos que ordenó contra los jornaleros y sus familias. Asimismo, las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestaron su preocupación “ante los hechos recientes de represión en contra de los jornaleros en San Quintín, Baja California, los cuales se enmarcan entre las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas”.

Señalamos que dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la CIDH en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado”, abundaron los voceros.

Los jornaleros también señalaron la presencia de provocadores que incitaron a los hechos violentos ocurridos el viernes 8 de mayo, por lo que aseguran que el gobierno de Baja California no es imparcial y utilizan diversas artimañas para reprimir las protestas. Tras los hechos, visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacados en Tijuana y Ensenada iniciaron una investigación de los acontecimientos y se tiene previsto que emitan una resolución conforme a derecho.

Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), canceló de última hora la reunión que tenía pactada con jornaleros agrícolas de San Quintín, en Tijuana.

Hasta el momento se han registrado al menos 70 heridos tras enfrentamiento entre jornaleros y policías de la localidad, por lo que se ha solicitado la intervención urgente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para restablecer el orden y poder dar solución a este tema.  HC